orden de detencion europea y entrega - asistencia legal Can Be Fun For Anyone
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b) Cuando la infracción no sea sancionable con una pena privativa de libertad o un car de internamiento.
La extradición es un proceso legal que permite a un estado solicitar la entrega de una persona que se encuentra en otro estado. La solicitud se realiza para que la persona pueda enfrentar cargos por delitos cometidos en el estado solicitante.
2. La toma de declaración de la persona reclamada se llevará a cabo por la autoridad judicial de emisión que se traslade a España, con la asistencia en su caso de la persona que designe de conformidad con el Derecho del Estado de emisión, debiendo designarse intérprete a fin de que se traduzcan al español los aspectos esenciales de la diligencia. Deberá practicarse en presencia de la autoridad judicial española, que velará porque la misma se practique según lo previsto por la ley española y en las condiciones pactadas entre ambas autoridades judiciales, que podrán incluir el respeto a los requisitos y formalidades exigidos por la legislación del Estado de emisión siempre y cuando no sean contrarios a los principios fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico.
c) Cuando el proceso penal no concluya con la aplicación de una medida que restrinja la libertad person.
e) Cuando no se cumplan los requisitos exigidos para la transmisión de una resolución por la que se impone una pena o medida privativa de libertad.
1. La ejecución de la orden o resolución que haya sido transmitida por otro Estado miembro se regirá por el Derecho español y se llevará a cabo del mismo modo que si hubiera sido dictada por una autoridad judicial española.
Por su parte, el Título IV contiene las normas de la llamada resolución de libertad vigilada, que establecen el régimen de la transmisión y ejecución de resoluciones adoptadas en el marco de medidas consecutivas a la condena. Este título contiene tanto el procedimiento por el que las autoridades judiciales españolas pueden transmitir una resolución por la que se imponga una medida de libertad vigilada o una pena sustitutiva, como el procedimiento de ejecución de dichas resoluciones en España cuando hayan sido dictadas en otros Estados miembros.
“son autoridades judiciales de ejecución competentes para dar have a peek here cumplimiento a la OEDE los Juzgados Centrales de Instrucción
c) Cuando, habiendo tenido la oportunidad de salir del territorio del Estado miembro al que haya sido entregada, la persona no lo haya hecho en un plazo de cuarenta y cinco días desde su puesta en libertad definitiva, o haya vuelto a dicho territorio después de haber salido del mismo.
49. Pide a la Comisión que prosiga las negociaciones con el Reino Unido con vistas a salvaguardar las normas de la Unión relativas a los derechos procesales y fundamentales de sospechosos y acusados; manifiesta su preocupación por la posibilidad de un drástico retroceso en los avances logrados en el Reino Unido desde la introducción de la orden de detención europea;
1. En el caso de que la duración de la condena impuesta en la resolución sea incompatible con la legislación española vigente en el momento en el que se solicita el reconocimiento de la resolución por superar el límite de la pena máxima prevista para ese delito, el Juez Central de lo Penal podrá adaptar la condena.
Además, nuestro país no ejecuta las órdenes de detención europeas emitidas por un Estado miembro contra el cual el Consejo de la Unión Europea haya suspendido la implementación de dicho mecanismo como resultado de una violación Source grave y persistente de los principios establecidos por la normativa.
El último título, el X, regula el exhorto europeo de obtención de pruebas que incorpora una nueva decisión marco al typical las normas sobre la transmisión y ejecución de aquella resolución que las Source autoridades españolas pueden enviar o recibir de otro Estado miembro con objeto de recabar objetos, documentos y datos para su uso en un proceso penal. El exhorto europeo de obtención de pruebas podrá referirse también a procedimientos incoados por las autoridades competentes de otros Estados miembros de la Unión Europea por la comisión de hechos tipificados como infracciones administrativas en su ordenamiento, cuando la decisión pueda dar lugar a un proceso ante un órgano jurisdiccional en el orden penal.
La orden de detención europea es una decisión judicial emitida por una autoridad judicial de un Estado miembro de la Unión Europea (UE) para la detención y entrega por parte de otro Estado miembro de la UE de una persona buscada para proceder a su enjuiciamiento penal o para ejecutar una pena de encarcelamiento.